JUSTICIA K
Publicado en la edición impresa del Diario La nación del día jueves 16 de abril de 2009, y en la página webhttp://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1118834
Paz Rodríguez Niell
LA NACION
La Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, creada por la Corte Suprema y coordinada por las ministras Elena Highton y Carmen Argibay, recibió ayer una dura denuncia contra el Gobierno: 74 jueces nacionales le pidieron que se pronunciara contra el juicio político que promovió la Secretaría de Derechos Humanos contra cinco camaristas de Casación.
"Estamos ante una grave afectación de la independencia judicial", dicen los magistrados en su escrito. Acusan al Gobierno de haber montado una "persecución" contra los jueces denunciados, que funciona además como una "franca amenaza" a quienes deban resolver casos similares, y de haberse atribuido "la potestad de imponer los únicos fundamentos válidos para resolver cuestiones que, por su naturaleza, les son sometidas a los jueces".
El 19 de febrero pasado, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió al Consejo de la Magistratura que iniciara el proceso de destitución de Guillermo Yacobucci, Luis García, Angela Ledesma, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant, casi la mitad de los miembros de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal de la Nación. El motivo: que todos ellos habían accedido a liberar a represores que llevaban varios años detenidos sin condena. Entre ellos, Alfredo Astiz, todavía preso porque tiene varias causas abiertas y condenas internacionales.
"Hoy es un día de vergüenza para la Argentina, para la humanidad y para nuestro sistema judicial", dijo la presidenta Cristina Kirchner desde la ESMA cuando se conoció el fallo en favor de Astiz. Al día siguiente, Duhalde dijo que los denunciaría.
"Hay una evidente intención de presionar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Esta es la peor manera de atacar la independencia judicial", dijo ayer el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, que fue quien recibió el pedido de los 74 jueces y lo presentó en la Corte Suprema.
La mayoría de los firmantes son camaristas penales o miembros de tribunales orales, casi todos de la Capital Federal. No figura entre ellos ningún miembro de la Cámara de Casación. Sí casi todos los integrantes de la Cámara del Crimen y jueces de San Isidro, San Martín y Bahía Blanca.
"Ya es escandaloso. Les piden el juicio político sólo porque resolvieron de una manera que al Gobierno no le gustó", dijo Recondo.
El presidente de la Asociación de Magistrados es uno de los miembros de la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, creada en 2006. Los demás son las ministras Argibay y Highton; el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, el salteño Abel Fleming, y el presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), Rafael Gutiérrez, ministro de la Corte de Santa Fe.
LA NACION se comunicó anoche con la Secretaría de Derechos Humanos, donde informaron que aún no conocían el pedido de los jueces.
Paz Rodríguez Niell
LA NACION
La Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, creada por la Corte Suprema y coordinada por las ministras Elena Highton y Carmen Argibay, recibió ayer una dura denuncia contra el Gobierno: 74 jueces nacionales le pidieron que se pronunciara contra el juicio político que promovió la Secretaría de Derechos Humanos contra cinco camaristas de Casación.
"Estamos ante una grave afectación de la independencia judicial", dicen los magistrados en su escrito. Acusan al Gobierno de haber montado una "persecución" contra los jueces denunciados, que funciona además como una "franca amenaza" a quienes deban resolver casos similares, y de haberse atribuido "la potestad de imponer los únicos fundamentos válidos para resolver cuestiones que, por su naturaleza, les son sometidas a los jueces".
El 19 de febrero pasado, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió al Consejo de la Magistratura que iniciara el proceso de destitución de Guillermo Yacobucci, Luis García, Angela Ledesma, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant, casi la mitad de los miembros de la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal de la Nación. El motivo: que todos ellos habían accedido a liberar a represores que llevaban varios años detenidos sin condena. Entre ellos, Alfredo Astiz, todavía preso porque tiene varias causas abiertas y condenas internacionales.
"Hoy es un día de vergüenza para la Argentina, para la humanidad y para nuestro sistema judicial", dijo la presidenta Cristina Kirchner desde la ESMA cuando se conoció el fallo en favor de Astiz. Al día siguiente, Duhalde dijo que los denunciaría.
"Hay una evidente intención de presionar a los jueces por el contenido de sus sentencias. Esta es la peor manera de atacar la independencia judicial", dijo ayer el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, que fue quien recibió el pedido de los 74 jueces y lo presentó en la Corte Suprema.
La mayoría de los firmantes son camaristas penales o miembros de tribunales orales, casi todos de la Capital Federal. No figura entre ellos ningún miembro de la Cámara de Casación. Sí casi todos los integrantes de la Cámara del Crimen y jueces de San Isidro, San Martín y Bahía Blanca.
"Ya es escandaloso. Les piden el juicio político sólo porque resolvieron de una manera que al Gobierno no le gustó", dijo Recondo.
El presidente de la Asociación de Magistrados es uno de los miembros de la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial, creada en 2006. Los demás son las ministras Argibay y Highton; el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, el salteño Abel Fleming, y el presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), Rafael Gutiérrez, ministro de la Corte de Santa Fe.
LA NACION se comunicó anoche con la Secretaría de Derechos Humanos, donde informaron que aún no conocían el pedido de los jueces.
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