El lunes 20 de abril, en
Se pudo comprobar que desconocidos ingresaron por los techos al estudio de la militante de la agrupación H.I.J.O.S. Dra. Puyol -ubicado en 3 de Febrero y Dr. Zavalla- de donde robaron las agendas telefónicas y una computadora con información sobre causas y expedientes judiciales relacionadas con delitos de lesa humanidad donde la abogada actúa como querellante.
Según
De inmediato se constituyó en el lugar, el diputado Provincial Antonio Riestra, solidarizándose con
El legislador del Partido Solidaridad e Igualdad reclamó el urgente esclarecimiento del atentado intimidatorio, a la vez que, advirtió sobre la necesidad de incrementar las medidas de protección para abogados y testigos que intervienen en los juicios contra los represores de la última dictadura militar.
Las fuerzas policiales, hoy al servicio de la democracia, haciéndose eco del pedido del legislador, se abocaron al urgente esclarecimiento del hecho. La policía desplegó un operativo por los barrios de la zona sur de la ciudad, realizando un allanamiento en una vivienda en calle Uruguay al 4200 (a sólo diez cuadras del lugar del hecho), del barrio San Lorenzo. Desde el interior de una de las habitaciones, se incautó un teléfono-fax, un caloventor, un portero eléctrico, una computadora, (elementos sustraidos en el estudio jurídico de la militante de la agrupación H.I.J.O.S.) y se realizó el traslado del REPRESOR, un menor de 16 años por su presunta participación en el atentado al estudio jurídico. Es de esperar que en las próximas horas las agrupaciones de derechos humanos soliciten que el delito cometido por este joven REPRESOR sea calificado como crimen de lesa humanidad y que al detenido se lo traslade a una cárcel común.
También cabe suponer que si cualquier ciudadano, sin militancia política, es robado, violado o asesinado, no debemos preocuparnos. Es una simple sensación de inseguridad. Ni el Diputado Riestra, ni los representantes de los organismos defensores de los derechos humanos, ni otros funcionarios políticos se van a molestar en solidarizarse con alguien afectado por una simple SENSACIÓN DE INSEGURIDAD. Para estos ciudadanos no hay reclamo de medidas de protección.
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