LA IMPUNIDAD DE LOS PODEROSOS

La justicia argentina parece hecha a medida para los pobres, los débiles y los vencidos.

Contra los pobres, los débiles y los vencidos, siempre habrá una justicia severa, demasiado severa. 

Si se aplicara la pena de muerte, ellos serían los únicos ejecutados.

Hasta tanto, para ellos es el rigor de la cárcel y las severidades inconstitucionales que allí se aplican.

Un rico o poderoso está inhibido de cometer delitos, sólo por su idoneidad moral. Si carece de ella, son muchos los jueces que le garantizarían su impunidad. 

Si funcionarios del gobierno hacen usurpación de títulos, diciéndose abogados sin haberse recibido, no importa. Son muchos los jueces que se negarán a investigar las denuncias, para garantizarles la impunidad.

Si funcionarios del gobierno sobornan a legisladores para que sancionen tal o cual ley, no importa. Son muchos los jueces que se negarán a investigar las denuncias, para garantizarles la impunidad.

Si funcionarios del gobierno quieren que se apliquen las mas duras condenas y severidades a quienes combatieron contra la guerrilla marxista son muchos los jueces dispuestos a acatar las órdenes de los que ostentan el poder. Y si algún díscolo SEÑOR JUEZ (con mayúscula) se niega a acatar las decisiones de los funcionarios que ostentan el poder,  se los amenaza con someterlos a juicio político y destituirlos. Y si alguien se atreve a denunciar estas presiones y amenazas, no importa. Son muchos los jueces que se negarán a investigar las denuncias, para garantizarles la impunidad a quienes pretenden manipular a la Justicia. 

El 23 de diciembre ppdo. el conjuez en la causa Brusa, Victor Hermes y otros, Dr. Martín Gutierrez, presentó ante sus pares su excusación, 

                  "como consecuencia de la VIOLENCIA MORAL y PSIQUICA que me embarga, producto de las recientes declaraciones y amenazas, de público y notorio, surgidas desde el mismo seno del Estado Nacional.

                   Como consecuencia de la Sentencia dictada por la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal disponiendo el cese de la prisión preventiva de imputados por delitos de lesa humanidad, la propia Presidente de la Nación como el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, el Ministro de Defensa de la Nación y la La Diputada Diana Conti, entre otros funcionarios públicos y legisladores, fueron contestes en señalar, entre varias otras expresiones, que quienes tienen la responsabilidad de entender –como el suscripto– en los procesos en los que se investigan delitos de lesa humanidad, y, cuando emiten fallos que resultan contrarios a las pretensiones –condenatorias o de medidas de seguridad- perseguidas por el Estado Nacional, comparten la ideología represiva”, “favorecen a los represores del genocidio”, deben ser , sometidos a jury de enjuiciamiento o a procesos por delitos comunes.

                   Esta inusitada pero clara injerencia del Poder Ejecutivo y Legislativo en el ámbito del Poder Judicial, dentro del cual me encuentro circunstancialmente cumpliendo una carga legal, y las advertencias que en grado de amenazas de enjuiciamiento futuro han efectuado públicamente, han atemorizado a mi familia y al suscripto”

 Así, ante este escrito, que denuncia la posible comisión de delitos de acción pública perseguibles de oficio y una manifiesta ingerencia de los otros poderes del Estado sobre el Poder Judicial, sus conjueces Andrea Alberto de Creus, y Carlos Renna, parecen querer garantizar la impunidad de los acusados por su par el Dr. Martín Gutierrez, haciendo caso omiso a lo denunciado.

 Pero guay del que se atreva a robar una gallina para alimentar a sus hijos. A ese infeliz le caerá todo el peso y el rigor de la justicia.