Apañado por jueces timoratos
o cómplices
Jorge Obeid, fue un terrorista montonero, un delator de los montoneros y un corrupto. 
Por el negociado de la licitación y compra de 140 motoniveladoras chinas, realizado durante la gestión gubernamental del montonero Jorge Obeid (a) “Cebollita”, el 8 de mayo de 2006 radiqué denuncia penal ante la fiscalía en turno de la Ciudad de Santa Fe por “Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” Realizado el requerimiento instrucción al Juzgado de Instrucción de la 2a.Nominación, donde se registró como expediente N° 426/2006, este Juez escurrió el bulto y lo giró al Juzgado de Instrucción de la 3ra.Nominación, donde "duerme" bajo la consabida denominación de que "está en trámite" como expediente N° 655/06.
Esas motoniveladoras fueron compradas con un importante sobreprecio a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez. Jueces cómplices o timoratos permitieron el avance de la corrupción. Y salvo honrosas excepciones, la clase política, era cómplice, "miraba para otro lado" o hacía un poco de "circo para la gilada."
En la denuncia se detalla como se pagó un sobreprecio de 4.200.000 dolares, y cómo, una comitiva gubernamental, viajó a China, para presenciar el embarque de las motoniveladoras, la falsa presentación del Ingeniero Julio
Texto de la denuncia
Al Señor Fiscal de Turno.
El que suscribe Orlando Agustín Gauna, Libreta de Enrolamiento Nº 6.255.319, por derecho propio se presenta ante Ud. y SOLICITA que efectúe el pertinente requerimiento de instrucción al Juzgado competente para que se investigue si funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial habrían incurrido con dolo, en la figura delictiva de “Asociación ilícita” prevista en el Capítulo II Titulo VIII del Libro Segundo del Código Penal Argentino en concurso real con la figura de “Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” prevista en el Capítulo VIII Titulo XI del mismo libro, o en otra figura penal delictiva. Motiva esta petición, el haber tomado conocimiento de publicaciones periodísticas que refieren que el proceso licitatorio sobre la licitación pública para la compra de 140 motoniveladoras habría sido objetado por el Tribunal de Cuentas.
Pero además de las objeciones del Tribunal de cuentas, surgen de las informaciones, que se habría incurrido en hechos delictuosos que por su implicancia, transcendencia e imputaciones de corrupción, merecen ser investigados.
La apertura de sobres de este proceso licitatorio se efectuó el 30 de mayo de 2005.
Las ofertas presentadas habían sido dos: Un oferente fue Macrosa del Plata SA quien cotizó dos precios por la misma cantidad de equipos: $ 43.142.500 (oferta base) y $46.538.600 (con opcionales). Pero su oferta fue desestimada de plano en la resolución "dado que no cumple con el plazo de entrega: el 15 de setiembre de 2005".
Entonces la compra se concretó el 17 de junio de 2005 a una firma santacruceña cuyo objeto social era la construcción.
Se trata de Austral Construcciones S.A. que habría adquirido cada máquina en unos 90 mil dólares (incluyendo gastos de seguro, flete, derecho de importación, IVA, ganancias y otros tributos adicionales) y las habría vendido al gobierno santafesino en poco más de 120 mil dólares.
Así por su intermediación la empresa habría obtenido ganancias por más de 12 millones de pesos. (u$a 4.200.000)
El proceso licitatorio habría estado en manos del Director de Vialidad Antonio Grbavac quien habría designado una comisión que debía controlar.
Sin embargo se habrían obviado irregularidades que luego habrían sido señaladas por el propio Tribunal de Cuentas que detectó que la empresa carecía de antecedentes y que al momento de concederse la licitación, quien se presentó como su titular no reunía los requisitos legales que exige la Ley de Sociedades Comerciales.
Esto último podría causar un "eventual" perjuicio al Estado. Las versiones periodísticas señalan que el ingeniero Antonio Grbavac como Administrador General de Vialidad Provincial adjudicó la licitación de maquinarias viales a favor de Austral Construcciones SA y decidiendo hacer uso de dos ampliaciones para llevar el número inicial de 100 a 140 equipos cuya "entrega se realizará el 15 de setiembre de 2005".
La revista Entre Líneas ( N° 11 de abril de 2006) reveló que el 4 de agosto de 2005 el contador fiscal y la subdirectora de Obra Pública del Tribunal de Cuentas enviaron a Grbavac un informe solicitando explicaciones por la adjudicación: como Austral se dedica a las construcciones, en el objeto mismo de la firma no se encuentra la actividad comercial de compra y venta de cosas muebles, en este caso maquinaria vial.
El escrito del Tribunal advierte que esto puede derivar en "no quedar obligada la firma en los términos de la ley de Sociedades Comerciales" que obliga a una firma por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.
Todos los actos comerciales tendientes a la concreción del negocio de las 140 motoniveladoras fueron realizados en Santa Fe por Julio Enrique Mendoza, quien se presentó en sociedad como presidente de la firma. Sin embargo, el escrito del Tribunal de Cuentas sostiene que legalmente quien rubricó los acuerdos entre la empresa y la Provincia de Santa Fe no era en ese entonces presidente de Austral Construcciones. Vale decir que el firmante acreditaba falsos títulos y en consecuencia carecía de legitimidad para suscribir como presidente de la firma.
De ello cabe sospechar que algún funcionario obvió estos detalles, interesado en miras de un beneficio propio, en esta operación en que intervenía en razón de su cargo.
El nombramiento de Mendoza al frente de la firma debió ser publicado en el Boletín Oficial para que el acto tuviera validez jurídica. Pero recién el 26 de agosto de 2005 es propuesto y designado en asamblea general ordinaria y extraordinaria, Mendoza como presidente de Austral Construcciones. Y en la misma asamblea, recién se agrega que el objeto social prevea todas las formas de comercialización, importación y exportación de maquinarias para la construcción.
¿Acaso algunos funcionarios estaban interesados en miras de un beneficio propio o de un tercero, en esta operación en que intervenían en razón de su cargo?
En cuanto a los antecedentes exigidos por el pliego, los oferentes debían proporcionar una nómina de usuarios con un mínimo de 6 meses de uso comprobable. Por eso el Tribunal de Cuentas pidió se informe "quiénes fueron los usuarios consultados y cómo y dónde se procedió a la verificación".
"La Comisión de Estudios de Vialidad Provincial manifiesta que se realizó una consulta con distintos usuarios, entre ellos la municipalidad de Fray Bentos (Uruguay), pero es del caso que la misma no fue consignada como cliente en el listado de usuarios suministrado por la oferente", explicó luego el Tribunal de Cuentas. Otro detalle para sospechar que algún funcionario obvió estos detalles, interesado en miras de un beneficio propio, en esta operación en que intervenía en razón de su cargo.
Así las cosas, Vialidad practicó un control sobre una máquina a la cual Austral Construcciones nunca presentó entre sus antecedentes.
Tras la respuesta el Tribunal de Cuentas afirmó que existe una "insuficiencia de antecedentes".
La comisión evaluadora de los pliegos, conformada por el ingeniero Eduardo Dávila, la doctora Nancy Adriana Ribes y el contador Jorge Ferrari formuló a lo largo de todo proceso escuetas explicaciones.
¿Acaso estaban interesados en miras de un beneficio propio o de un tercero, en esta operación en que intervenían en razón de su cargo?
A ello cabe agregar, siempre según las versiones periodísticas, que con los gastos pagados por la empresa santacruceña, viajaron a China para presenciar el embarque de las motoniveladoras, el Secretario de Servicios públicos, Pedro Giardino, el Director de Políticas Comunitarias, Osvaldo Lucy y el Director Provincial de Vialidad, Antonio Grbavac.
¡Presenciar el embarque de las motoniveladoras!
Para esto viajaron hasta el país asiático. Este viaje ¿Acaso no fue en beneficio propio? ¿Fueron directamente a presenciar el embarque o acaso fue un viaje de turismo en retribución por la compra de las motoniveladoras?
Motoniveladoras que fabrica una firma china que posee un edificio comercial en nuestro país y que la misma firma participó de eventos internacionales donde nuestra provincia estuvo presente, no obstante ello, no se presentó a esta licitación, que fue adjudicada a un intermediario que obtuvo pingües ganancias.
Tampoco se puede omitir el dato que una comitiva encabezada por el Señor Gobernador de la Provincia viajó a China en abril del 2005 con el objeto de encaramar un paquete de acuerdos comerciales bilaterales. Antes de la apertura de sobres de la licitación y que por las características del objeto de la licitación no se necesitaban estudios complejos para su presentación.
Finalmente, la fecha de entrega, causal para desestimar la otra oferta, con esta firma no fue cumplida. Y cabe preguntarse: ¿Cuál era la urgencia de la fecha de entrega?
Todo ello conforman elementos de juicio suficientes para sospechar la existencia de hechos ilícitos que es menester investigar.
También merece destacarse la información que da cuenta que “A lo largo de todo el proceso, el gobernador Obeid y los distintos funcionarios que realizaron declaraciones sobre la operación optaron por sostener que la compra había sido realizada a una empresa china.
El nombre de la sociedad santacruceña no figuraba en la agenda oficial.
Desde el punto de vista político resultaba al menos complicado informar que la licitación había quedado en manos de una de las tres firmas oriundas de la provincia natal del Presidente Kirchner que manejan casi el 60 por ciento de la obra pública del país.
La razón, mas que lógica: en un extenso informe la Diputada Carrió sostiene sin rodeos que Austral Construcciones S.A. tiene estrechas y ocultas vinculaciones con el ministro de Planificación Nacional Julio de Vido.”
Esta misma Diputada nacional recientemente estuvo en la ciudad de Santa Fe invitada por Carsfé y públicamente se preguntó: “Ahora, ¿por qué (el Presidente Néstor Kirchner) no controla los sobreprecios en las obras públicas? ¿Por qué no controló que en Yacyretá, de 200 millones se fue a 400 millones, y tuvimos que denunciarlo nosotros para bajar la licitación? ¿Por qué no controla los sobreprecios del 200 y el 400% como licita (Julio) De Vido?”
A juicio del suscripto, todas estas informaciones conforman elementos de juicio suficientes para sospechar la existencia de hechos delictuosos que merecen ser investigados.
PROVEER FAVORABLEMENTE
SERÁ JUSTICIA
Orlando Agustín Gauna
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