sábado, 22 de junio de 2013

Privilegios políticos

Liturgo fue un legislador de Esparta del que existen dudas sobre cual fue el momento histórico en el que vivió.
La leyenda cuenta que su compromiso con sus leyes era tal que, tras hacer jurar a los espartanos que las acatarían hasta su regreso a la ciudad, se quitó la vida al salir de esta, para así, asegurar su aplicación perpetua.
En la actualidad, nuestra clase política, funcionarios o legisladores, lejos están de parecerse a Licurgo. 
Ellos solo manipulan las leyes. 
No tienen ningún compromiso con las leyes que imponen a los ciudadanos.
El Congreso tiene  la facultad constitucional de sancionar, modificar o derogar leyes. Pero nuestros legisladores, violando la Constitución, anularon las leyes de Punto Final y Obediencia debida; y no anulan las leyes que otorgaron las jubilaciones de privilegio con el argumento de que atentaría contra derechos adquiridos.
Cuando ancianos militares, jubilados y alejados de la función pública, son acusados de los llamados delitos de lesa humanidad, son inmediatamente detenidos, con el pretexto de que pueden entorpecer la investigación. 
Lo mismo ocurre cuando se trata de un simple empleado público o de un ciudadano común. 
El ejemplo más reciente lo tuvimos cuando se produjo la muerte del hincha de Lanús, donde se “ordenó” la inmediata detención de los policías sospechados; o con la tragedia ferroviaria de Castelar, donde también ordenaron la inmediata detención de los conductores de las dos formaciones ferroviarias involucradas en el hecho.
Pero  no ocurre lo mismo con la clase política y su entorno. Susana Freydoz asesinó a su esposo, el Gobernador de Rio Negro y no fue detenida hasta que ante el cúmulo de pruebas debió ser condenada. Pese a ello, su detención es bajo privilegios que carecen los condenados comunes.
Y no obstante el cúmulo de pruebas e imputaciones y a pesar que desde la función pueden borrar pruebas y entorpecer la investigación; los políticos continúan en sus funciones, porque no se los puede separar y menos aún detener, por un principio de inocencia, principio de inocencia del que no goza el común de los ciudadanos 

Así sigue en funciones, nuestra Presidente, acusada de usurpación de títulos (no se habría recibido de abogada) y de enriquecimiento ilícito. A lo que hay que agregar las dudosas circunstancias de la muerte de su esposo.
El ex Presidente Carlos Menem, condenado, sigue aferrado a su sillón en el Congreso de la Nación.
Contra el Vicepresidente, Amado Boudou, abundan las imputaciones, se demoran las investigaciones y él sigue en el cargo.
Felisa Miceli, “se apartó” del cargo de Ministra de Economía, pero se “refugió” en la fundación de las “Madres de Plaza de Mayo”.
Jorge Capitanich, Guillermo Moreno, José Alperovich y una interminable lista de políticos  que no pueden justificar sus fortunas y que de una u otras forma transgreden las leyes, continúan impunemente en sus cargos.

Los políticos se apoyan en la ley, y todo el peso de la ley sumado al peso de los políticos que se apoyan en ella, cae sobre los ciudadanos. 
Sea por una simple infracción de tránsito o por un grave homicidio.


Orlando Agustín Gauna Bracamonte

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