Cualquier atento lector de los diarios habrá notado que mientras todos nuestros candidatos a presidente, gobernador o lo que fuere mantienen su inalterable decisión de fomentar la educación, la vivienda barata, la ciencia y la salud unida a su inquebrantable decisión de combatir la inflación y el trabajo en negro, hay un tema que parece haber desaparecido del mapa: la corrupción.
Por supuesto todos van a coincidir en combatirla. El problema quizás consista en que a ninguno se le ha ocurrido como. Es el dilema del Presidente de la Corte que días pasados llenó una página entera de La Nación con su condena a la corrupción pero sin una sola sugerencia sobre como frenarla, lo cual es comprensible cuando advertimos que todavía no ha dado con la tecla para arreglar el bolillero de Tribunales que en cada sorteo invariablemente asigna al Juez Oyharbide las causas que pudieran crear alguna molestia al gobierno.
Tengamos en cuenta que hace varias décadas que se está legislando astutamente para facilitar la corrupción en vez de combatirla.
Ejemplos: las obras sociales creadas ene el gobierno de Onganía para dar cobertura médica a los trabajadores tenían una administración compartida entre empresarios, sindicatos y el estado y sus balances auditados por el estado, hasta que por ley se dispuso eliminar la auditoría y entregar la administración con exclusividad a los capos sindicales que, curiosamente, sin que llamara la atención de nadie se la daban a sus parejas como es el caso de Zanola en Bancarios y Moyano en Camioneros.
Las andanzas de Schoklender y Bonafini hubieran resultado imposibles si existiera el Tribunal de Cuentas que controlaba el egreso de fondos del estado suprimido por el acuerdo de Olivos entre Alfonsín y Menem. Al reformar la Constitución también anularon la intervención del Congreso en la decisión de donde y cuanto se iba a gastar,
acordando al jefe de gabinete la facultad de cambiar las partidas y los montos votados por el Congreso, gracias a lo cual cientos de millones de dólares salen todos los años del Tesoro Nacional rumbo al agujero negro deAerolíneas Argentinas, cuya contabilidad no está mejor auditada que la de las Madres de Plaza de Mayo.
Con la sanción de una ley absolutamente inaplicable contra el lavado de dinero se logró mantener la impunidad para este delito durante una década. La presión internacional ahora ha obligado a la sanción de otra ley contra el lavado, que conforme a la actual redacción del proyecto será igualmente inocua y permitirá seguir lavando con comodidad durante una década más.
La delincuencia no solo se ve facilitada con la legislación que se aprueba, sino también con la que no se sanciona. Hay tiempo y no se escatima esfuerzo para sancionar el matrimonio gay, la milanesa como plato nacional, la prohibición de fumar en lugares cerrados y poner saleros en las mesas de restaurantes, pero no ha habido tiempo en los últimos treinta años para asignar presupuesto para la radarización de la frontera por donde opera el narcotráfico. Últimamente, para dar la sensación de movimiento, se ha encargado la fabricación de radares a la empresa INVAP. Como va a tardar cuatro años para diseñarlos y construirlos son cuatro años mas ganados para el narcotráfico. Se tardará otro año más para instalarlos y cuando estén, no van a servir para nada por que seguirá faltando la ley que autorice a la Fuerza Aérea a derribar aviones narcotraficantes, que, supongamos, tardará algunos años más para sancionarse. Cuando finalmente la tengamos la Fuerza Aérea ya no tendrá un solo avión operable.
Estos son apenas algunos ejemplos tomados al azar. No continúo el listado para no aburrir, pero se podrían escribir varios tomos sin agotar el tema.
Por Roberto Roth
Fuente: Tábano Consultora
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