Derechos humanos y crímenes de lesa humanidad

Es preciso entender que las organizaciones y personas que se ocupan de este problema suelen emplear el término “crímenes de lesa humanidad” para referirse únicamente a actos violentos perpetrados por funcionarios de organismos gubernamentales, en particular, los de orden público. 
Y hay que atribuir a las organizaciones de DD.HH. la propagación de la falacia de que crímenes políticos son solamente aquellos perpetrados por un Gobierno a través de sus agentes. 

 Este engaño –o simple error, si se quiere ser más condescendiente– proviene del hecho de que esas organizaciones nacieron, se constituyeron y definieron para actuar en casos en que los DD.HH. sufrieran atentados de parte de los Gobiernos, no así para los demás, habida cuenta, seguramente, del dato histórico de que, durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, en América Latina, en casi todos los casos de violación de derechos y garantías fundamentales de las personas, eran los regímenes gobernantes los perpetradores. 
Pero el tiempo transcurrió y los organismos públicos actuales ya no son las principales amenazas que las personas debemos temer y encarar, sino las violentas organizaciones de la delincuencia común, en particular del narcotráfico, y las del extremismo político. 
Esta diferencia entre épocas históricas y lo que las actuales generaciones perciben respecto a las amenazas contra su libertad y sus demás derechos, es lo que los miembros de estas organizaciones de DD.HH. todavía no logran comprender ni manejar adecuadamente. 

Por ejemplo, si un grupo político organizado en banda de índole guerrillera o terrorista extorsiona, secuestra, mata, y en cierto momento alguno de sus integrantes es capturado por la policía y en el procedimiento recibe algunos golpes, las organizaciones de DD.HH. de inmediato intervienen preocupadas por el criminal, pero no se ocuparán de los crímenes que cometió ni los que comete la banda a la que este pertenece. 

Las personas afectadas directa o indirectamente por esta clase de violenta situación no logran comprender esa actitud ni, menos aún, aceptarla, por más explicaciones teóricas que se les den. La ficción de que los organismos públicos son los únicos, los mayores o los principales violadores de los derechos humanos ya no puede sostenerse hoy en día en América Latina; menos todavía en el Paraguay
Fuente: ABC de Paraguay  
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