
La tipificación absurda de “lesa humanidad” impide, además, que los jueces les otorguen beneficios penales a los militares y policías condenados.
El Gobierno ha acabado con esta injusticia al dejar establecido que dicho delito rige en el país desde el 2003, por tanto, los delitos cometidos por policías y militares en la lucha contra el terrorismo antes de esa fecha son comunes.
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