En un impresionante despliegue de travestismo jurídico, dirigentes del grupo terrorista que atacó al Palacio y secuestró y asesinó a muchos de sus ocupantes hoy detentan o aspiran a altos cargos del Estado, mientras que las cabezas de las fuerzas del orden que rescataron a los rehenes son perseguidos y sufren juicios totalmente parcializados. Esta persecución es parte de la campaña jurídica que se adelanta para quebrar la moral de nuestras Fuerzas Militares, pero también tiene una motivación financiera. Con ella se buscan fallos que den pie para cobrarle al Estado gigantescas compensaciones. Es urgente que el Estado y los ciudadanos de bien respalden hoy a los hombres de la Patria que defendieron nuestra Constitución y nuestras instituciones contra ese acto terrorista. Por: Emilio Sardi
Diario El País de Colombia
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