El gran problema actual de nuestra sociedad imposible de solucionar para las anteriores y actuales autoridades políticas de la provincia de Santa Fe.
En este caso la policía, reconocida como la línea de prevención y represión del delito.
Hay que investigar las causas del avance del delito no sólo en lo social sino en lo institucional.
Desde la vuelta a la democracia los primeros gobiernos de ésta provincia se vieron acosados por los reclamos ideológicos de un mínimo sector que pedía la exoneración en masa de agentes policiales por considerarlos “represores”. Fueron constantes los ataques indiscriminados contra la policía acusándolos de “gatillo fácil” aunque los delincuentes se hubiesen resistido a balazos con armas iguales o superiores a los uniformados.
Acusados de “mano dura” o “brava” por actuar con firmeza en la época negra de saqueos en los cuales fueron víctimas innumerables comercios.
Los excesos aislados de unos pocos agentes se magnificaron por estos grupos ideológicos con la complicidad malintencionada y otras ingenuas de algunos medios de prensa. Todo este proceso fue acompañado por la infiltración en los partidos políticos de quienes hasta hacía poco tiempo habían integrado organizaciones terroristas.
Se sumaba además una nueva actividad delictiva más que letal: la droga. Fuente de corrupción en todos los estamentos de un país por la enorme cantidad de dinero que mueve no sólo ilegalmente ya que penetra negocios legales, aportando también para campañas políticas.
No vamos a describir la estrecha relación de los narcos con las guerrillas de izquierda y los gobiernos de igual signo porque son archiconocidas como las FARC con Chávez y Castro.
Queremos referirnos a la situación de Santa Fe que nos preocupa en razón de escuchar desde hace años a diversos políticos y a seudocriminólogos recibidos en facultades que no tienen la mínima idea sobre los problemas en las calles de quienes se enfrentan a los delincuentes. Es imposible toda política de seguridad ejercida por un gobierno que piensa que el delito es producido por una deuda social y lo justifica.
Pobres hubo, hay y los habrá desgraciadamente, pero no por eso se convierten en delincuentes, en las villas la mayoría de sus habitantes son personas honradas que buscan diversas maneras de sobrevivir sin delinquir.
Por supuesto que mejorar el nivel de vida de los sectores carenciados influye notablemente para bajar el delito, pero para eso debe existir un verdadero programa de inclusión social y no el subsidio que cautiva votos.
El trabajo es la dignidad que eleva a al ser humano, que lo aleja del delito y de la justificación del mismo.
En cuanto al problema de la policía santafesina no se resuelve con palabras altisonantes ni medidas que pretenden ser publicidad para los ciudadanos a los fines de calmar las aguas y no perder caudal electoral.
Las reformas deben ser consensuadas por expertos, es decir con la participación de quienes han ejercido y ejercen la actividad policial. Se debe partir de principios básicos, el primero de todos es reconocer al policía como un ser humano. Sin este reconocimiento olviden cualquier cambio posible.
El segundo paso es dignificar la labor policial mediante sueldos acordes a la función riesgosa que cumplen exponiendo sus vidas.
Uno de los grandes responsables de la destrucción de la fuerza policial es sin dudas el ahora kirchnerista, ex gobernador Ingeniero Jorge Obeid. Con su pasado como uno de los jefes de la organización terrorista “Montoneros” en clara actitud revanchista hizo todo lo posible para socavar la autoridad y la moral policial, logrando su más resonante triunfo al trasladar la Jefatura de Policía de su tradicional lugar a su actual sitio. Para ello utilizó además de su poder la excusa que cambiando su ubicación los agentes ¿¡olvidarían su pasado!? transformados en una “nueva policía”. Esta “nueva policía” se mudó a un indignante lugar sin agua potable, abandonado, sin estar adecuado mínimamente para que allí se desarrollaran las funciones específicas. Muchos interpretaron que Obeid concretó la toma de la Jefatura como un viejo y codiciado objetivo de sus tiempos de guerrillero. Para completar su obra creó un instituto, el Isep, que reemplazó a las escuelas de Agentes y Suboficiales y a la de Cadetes de Oficiales, donde se egresa como Auxiliar de Seguridad; las connotaciones desastrosas de este cambio se ven en la actualidad.
Luego llegaron los socialistas.
El nuevo gobernador un médico, el Dr. Hermes Binner, gracias al voto de la familia policial con la cual se comprometió mediante carta enviada a cada agente a elevar sus condiciones de trabajo y vida. Sumó museos de la memoria terrorista; su defensa de los “derechos humanos” fue para una parte reducida de la población;incumplió sus promesas y continuó con las dos leyes de Personal Policial conviviendo según su conveniencia, con jefes o directores tan indefinidos en sus actuaciones como en las denominaciones de sus cargos.
Es decir que le dio continuidad a la política de Seguridad de su antecesor y por la que hoy la sociedad está pagando un alto precio.
Mientras los policías trataban de averiguar cómo combatir el delito sin causar daño a una delincuencia cada vez más virulenta y violenta, sin apoyo de sus superiores que se transformaron en simple gerentes, aparecieron los famosos criminólogos como el Dr. Enrique Font que en su afán de convertirse en secretarios o ministros de seguridad daban cátedras del tema sin ninguna experiencia en distintos medios de información.
Font fue un firme opositor a que se nombrase Secretario de Seguridad a un Comisario retirado. Conclusión fue que el desaliento, la falta de apoyo y dirección, produjeron una inactividad a la que se sumó una creciente corrupción. Corrupción que no se realiza de abajo hacia arriba sino a la inversa, es decir de arriba hacia abajo.
Podemos decir que el socialismo casi ha completado lo que inició el obeidismo, la destrucción de la institución policial.
Mientras se proyectan reformas con un toque comunista de insertar comisarios políticos, fraccionar la fuerza para que no pueda actuar unificada, con directivas abstractas, con el secreto deseo de que no exista pero subordinado a la necesaria presencia reclamada por la gente honesta, los delitos han ido en un aumento impresionante.
Los asesinatos convertidos en hechos diarios son minimizados bajo el lema “son ajustes de cuentas” como si por serlo así disminuyera la responsabilidad del gobierno. Contradictoria afirmación de quienes se dicen “defensores de los derechos humanos”.
No es de extrañar esta doble actitud ya que en un curso reciente para los policías de Seguridad Vial, dos abogadas enviadas desde La Capital comenzaron sus clases diciendo “olvídense que son policías”.
Paradójicamente quienes exaltados critican a los socialistas en este tema son los kirchneristas que los antecedieron. Todos sabemos que son de frágil memoria olvidando que ellos participaron de las consecuencias de muchos desastres actuales como lo hacen a nivel nacional y provincial.
A la hora de aprovechar la ocasión política no tienen reparos en presentarse como salvadores de una situación que provocaron.
La solución al problema seguridad no es imposible, hace falta voluntad y deseo, no es mágica ni cuestión de inexpertos con títulos, se necesita gente honesta y capacitada. Es una decisión política que debe tomar un gobierno que sin hipocresía decida priorizar la seguridad de los honestos, que anteponga los intereses de los ciudadanos a los partidarios. Es tiempo de pensar en el pueblo para que no viva tras las rejas mientras los delincuentes se pasean libremente por las calles santafesinas. No sólo se pasean sino que se disputan los territorios para la venta de drogas a tiro limpio provocando la muerte de personas que nada tienen que ver con las disputas.
Sin ninguna duda que las políticas de seguridad de Obeid y Binner fomentaron la inactividad y consecuente corrupción policial, el auge imparable de las drogas y el gatillo fácil de los delincuentes.
Más de doscientos homicidios el año pasado es una prueba irrefutable, sin contar los heridos.
El aumento del delito es aprovechado por los kirchneristas para atacar a los socialistas políticamente como si ellos no tuviesen nada que ver cuando en realidad son dos caras de una misma moneda.
Los diputados provinciales Gerardo Rico y Eduardo Toniolli ambos del kirchnerista Movimiento Evita se reunieron con Raúl Lamberto Ministro de Seguridad y Angel Ruani Secretario de Seguridad Comunitaria por el tema drogas.
Rico pertenecía al Peronismo Revolucionario, se exilió en 1976 y regresó en 1983; Toniolli es hijo de un terrorista desaparecido y Ruani integrante de “Montoneros”.
Los tres odian a la policía, lo cual lleva a una pregunta: Que solución pueden ofrecer para combatir el crimen en la provincia de Santa Fe quienes pertenecen a organizaciones que en el pasado mataban policías.
