La diputada pro aborto Cecilia Moreau y los jubilados

La escandalosa diputada Cecilia Moreau, hija del ex radical y ahora kirchnerista Leopoldo Moreau haciendo mérito a su apellido se manifiesta nacional y popular. 

 Es popularmente sabido que solo le interesa llenarse los bolsillos. 

Ella no vaciló en apoyar La Ley 27.609 (la fórmula de movilidad sancionada a fines de 2020 durante la gestión de Alberto Fernandez) aprobada en la Cámara de Diputados en la madrugada del 29 de diciembre de 2020. 

La Ley 27.609 de Movilidad Previsional (vigente entre marzo de 2021 y marzo de 2024) perjudicó a los jubilados principalmente por la pérdida del poder adquisitivo frente a la alta inflación. La fórmula combinaba en partes iguales la recaudación impositiva de la ANSES y la evolución salarial, omitiendo completamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En un contexto de aceleración inflacionaria, las jubilaciones quedaron desfasadas respecto del costo de vida. ​Los haberes se reajustaban cada tres meses. Con niveles de inflación mensual muy altos, el valor real del dinero se erosionaba de manera acelerada antes de llegar a la siguiente actualización. ​La ley establecía un techo máximo de incremento anual basado en la recaudación total de la ANSES, lo que limitaba los aumentos incluso si los salarios crecían por encima. 

Entre 2021 y principios de 2024, los haberes previsionales aumentaron por debajo del ritmo inflacionario acumulado.

Diversos fallos de Cámaras Federales estimaron la pérdida de capacidad de compra de las jubilaciones en más del 50 % durante el período de vigencia de la norma. 

Está ley, que tanto perjudicó a jubilados y pensionados, contó con el voto afirmativo de los Moreau, Máximo Kirchner, Carlos Heller, Paula Penacca, Hugo Yasky, José Luis Gioja, Carlos Gutiérrez, Alejandra Vigo, Claudia Márquez, Alma "Chani" Sapag, Pablo Ansaloni, entre otros. 

Estos cabrones se aumentan a su antojo sus sueldos y hacen pasar hambre a los jubilados.

Orlando Agustín Gauna 

Pésimo servicio de colectivos en Santa Fe

 

Como usuario del servicio de transporte público de pasajeros por colectivo de esta ciudad me siento afectado por el incumplimiento de las normativas vigentes en lo que respecta a este servicio. 

Por ello, solicito la inmediata intervención del departamento ejecutivo municipal a los fines de que se subsanen las anormalidades que a continuación detallo: 

1°. Por ordenanza 13036 ha caducado la emergencia de sistema de movilidad el 22 de febrero del presente año y por ello se encuentra plenamente vigente la Ordenanza 11580. 

2°. El anexo 2 de la presente ordenanza dispone una frecuencia de los colectivos en distintos horarios qué es archisabido que no se cumple y para constatar, basta con acudir a las grabaciones del órgano de control e inclusive hasta se puede acudir a las cámaras de video vigilancia de los vecinos domiciliados en arterias por las que circulan colectivos urbanos. 

3°. El artículo 11 de la mencionada ordenanza dispone que el parque automotor de cada prestataria de línea no deberá exceder de los 6 años y con solo mirar la patente de los colectivos se puede ver que la antigüedad supera ese periodo de tiempo. Por ese motivo también es frecuente ver colectivos detenidos en la vía pública por desperfectos mecánicos propios de su antigüedad. 

4°. El artículo 13 de la ordenanza 11580 dispone que los horarios de los servicios de coches con posibilidad de acceso a personas con discapacidad deben ser difundidos adecuadamente, lo que no se cumple y por ello las personas con discapacidad no pueden determinar el horario del paso de estos colectivos con acceso para ellos y se ven obligados al uso de taxis o remís. 

De las anormalidades señaladas no soy el único damnificado. 

Los afectados son los miles de usuarios de este servicio, que ven cómo los empresarios del transporte gozan de total impunidad. ¿Cuándo pagaron una multa por infracciones de tránsito o incumplimiento de la normativa? 

Si para muestra basta un botón le informo que años atrás, un colectivo dominio ICR 122, llegó a acumular más de cien (100) actas de infracciones de tránsito y nadie se ocupó en identificar al temerario conductor que circulaba por la ciudad al mando de un colectivo. 

¿Se abonaron esas multas o se dejó prescribir las infracciones? 

¿Esa autoridad, no advirtió que muchas unidades tienen sus chapas de dominio “pintadas” de modo que las tornan ilegibles para su identificación? 

Por todo lo expuesto, reitero, solicito que como autoridad de aplicación imponga el inmediato cumplimiento de la normativa vigente y se hagan efectivas las sanciones pertinentes. 

                          DAR LUGAR A LO SOLICITADO 

                                    SERÁ JUSTICIA

 Orlando Agustín Gauna 

DNI 6255319  

oagauna150@yahoo.com.ar.

TE 3425036171

La fiscal Cristina Ferraro y la INjusticia

 

El 11 de febrero de 2020, fue asesinado en ocasión de robo, el empresario Hugo Oldani. 

Esa noche, horas despues del homicidio de Hugo Oldani, Virgina Oldani y José Luis Hernández, hija y yerno del asesinado, burlaron las fajas que prohibían el ingreso al lugar del hecho y con la autorización de la fiscal Cristina Ferraro, que por entonces investigaba el asesinato, retiraron en cajas y mochilas una considerable suma de dinero (se estima 3.100.000 pesos y más de un millón de dólares) obtenido supuestamente de actividades ilegales y que no pertenecería a humildes trabajadores, sino a politicos de mucho peso y demasiados pesos.

La acusación a Cristina Ferraro en el proceso disciplinario en la Legislatura estuvo a cargo del diputado justicialista Leandro Busatto, quien había propuesto el desplazamiento de Ferraro de su cargo. 

Sin embargo, el legislador no tuvo eco entre sus pares que se dividieron entre quienes proponían suspenderla por 180 días y los que consideraban que las irregularidades cometidas ameritaban entre dos y tres meses de suspensión. Finalmente se acordó que sean 150 días de suspensión sin goce de haberes

Cumplida la suspensión, la fiscal continuó en el cargo en la "justicia".

Los responsables de la "desaparición" del dinero, con el aval del Fiscal Federal Martin Suarez Faisal, fueron sobreseidos a cambio de miserables donaciones, que serian muy inferiores al dinero "desaparecido".

                 ¿Será justicia? 

Este 11 de noviembre a las 8,30 horas,se iniciaría el juicio oral contra la fiscal procesada (pero ejerciendo funciones judiciales). 

El juzgamiento estará a cargo del juez Ricardo Moises Vazquez. El juez Vazquez, siendo fiscal fue denunciado por frenar una causa. Como juez, intervino en causas por los llamados delitos de lesa humanidad, violando el principio de irretroactividad de las leyes y juzgando con absoluta severidad a los imputados. Ahora, es muy probable que este mismo juez absuelva a la fiscal procesada, por el beneficio de la duda. 

Acaso duda si permitió la desaparicion del dinero, a cambio de un beneficio pecuniario o a cambio de otros favores. 

Pero creo que todos estan convencidos que fue un acto de corrupcion para salvar la plata de quienes habían invertido en esa cueva financiera. 

Orlando Agustín Gauna.